José SarukhánEl Universal
Acostumbrábamos llamarla la “montaña rusa” hasta hace no mucho. Y uno usaba el calificativo como un descriptor de situaciones (en la vida privada o en la pública) que variaban abrupta y violentamente. Todos tenemos nuestra propia anécdota de tales “montañas” oscilantes en las políticas públicas a lo largo de muchas décadas. Se han presentado en el sector educativo, en la atención a la producción agrícola y al campo, en el sector de salud, en el desarrollo de la infraestructura nacional, etcétera.
El sube y baja, usualmente imprevisible, que ilustra lo que estoy tratando de explicar se puede describir por la repentina abundancia de interés y apoyo a un proyecto, un programa o una política pública, seguida, en no mucho tiempo, por una decisión que revierte el interés o el abandono por el organismo originalmente responsable del asunto. Es cierto que hemos experimentado una reciente tendencia a que tales oscilaciones sean menos drásticas y extendidas, pero siguen ocurriendo sin duda. Es una especie de proceso de “pasteurización” que acaba por esterilizar —es decir, aniquilar— el propósito original del programa o la política de que se trataba. En ocasiones eso es bueno, pero por lo general es muy destructivo.
La amenaza de una nueva “montaña” acaba de aparecer en un terreno por demás importante: el de la conservación del crecientemente deteriorado capital natural renovable del país, los ecosistemas y la diversidad biológica que contienen. Se trata de la decisión de autoridades locales de Tulum de invalidar el decreto de creación del Parque Tulum, afectando la zona de reserva para un desarrollo turístico y urbano; esto representa una invasión del ámbito de competencia del Poder Ejecutivo federal. La autoridad correspondiente (Semarnat) ha interpuesto una controversia constitucional sobre el caso ante la Suprema Corte de Justicia. Estamos frente a un riesgo enorme de que, dependiendo del resultado de este conflicto, se erosione el mecanismo que ha dado viabilidad a los largos esfuerzos de este país para establecer su sistema de Áreas Naturales Protegidas y la capacidad federal para manejar, proteger y restaurar esas áreas.
¿Qué genera esta situación? Una fiebre de desarrollo turístico, escudada en la idea de “crear empleos y riqueza para la zona”, cosa contra la cual no se puede estar en contra, pero que es más ilusoria que efectiva. Por lo general, estamos hablando de un “turismo minero” y voraz de la peor ralea, sin pruritos para corromper y devastar zonas naturales, “explotar” el negocio por un tiempo, hasta que la zona se arruine y quede totalmente falta de atractivo, y luego abandonar el sitio y las instalaciones al deterioro y al olvido. El inversionista, habiendo hecho negocio, regresa a casa, donde quiera que ésta esté, y México se queda con áreas naturales devastadas, ecosistemas perdidos y vuelta a la miseria de los pobladores de esa zona. Los ejemplos abundan.
Si el caso es tomado por la Suprema Corte de Justicia, este órgano del Estado tendrá una responsabilidad en verdad seria en su resolución. Nos jugamos la viabilidad de nuestro único sistema de protección, federalmente regulado, de la biodiversidad de México. Afortunadamente, sé que hay sensibilidad en su seno al respecto de la trascendencia del asunto.
Acostumbrábamos llamarla la “montaña rusa” hasta hace no mucho. Y uno usaba el calificativo como un descriptor de situaciones (en la vida privada o en la pública) que variaban abrupta y violentamente. Todos tenemos nuestra propia anécdota de tales “montañas” oscilantes en las políticas públicas a lo largo de muchas décadas. Se han presentado en el sector educativo, en la atención a la producción agrícola y al campo, en el sector de salud, en el desarrollo de la infraestructura nacional, etcétera.
El sube y baja, usualmente imprevisible, que ilustra lo que estoy tratando de explicar se puede describir por la repentina abundancia de interés y apoyo a un proyecto, un programa o una política pública, seguida, en no mucho tiempo, por una decisión que revierte el interés o el abandono por el organismo originalmente responsable del asunto. Es cierto que hemos experimentado una reciente tendencia a que tales oscilaciones sean menos drásticas y extendidas, pero siguen ocurriendo sin duda. Es una especie de proceso de “pasteurización” que acaba por esterilizar —es decir, aniquilar— el propósito original del programa o la política de que se trataba. En ocasiones eso es bueno, pero por lo general es muy destructivo.
La amenaza de una nueva “montaña” acaba de aparecer en un terreno por demás importante: el de la conservación del crecientemente deteriorado capital natural renovable del país, los ecosistemas y la diversidad biológica que contienen. Se trata de la decisión de autoridades locales de Tulum de invalidar el decreto de creación del Parque Tulum, afectando la zona de reserva para un desarrollo turístico y urbano; esto representa una invasión del ámbito de competencia del Poder Ejecutivo federal. La autoridad correspondiente (Semarnat) ha interpuesto una controversia constitucional sobre el caso ante la Suprema Corte de Justicia. Estamos frente a un riesgo enorme de que, dependiendo del resultado de este conflicto, se erosione el mecanismo que ha dado viabilidad a los largos esfuerzos de este país para establecer su sistema de Áreas Naturales Protegidas y la capacidad federal para manejar, proteger y restaurar esas áreas.
¿Qué genera esta situación? Una fiebre de desarrollo turístico, escudada en la idea de “crear empleos y riqueza para la zona”, cosa contra la cual no se puede estar en contra, pero que es más ilusoria que efectiva. Por lo general, estamos hablando de un “turismo minero” y voraz de la peor ralea, sin pruritos para corromper y devastar zonas naturales, “explotar” el negocio por un tiempo, hasta que la zona se arruine y quede totalmente falta de atractivo, y luego abandonar el sitio y las instalaciones al deterioro y al olvido. El inversionista, habiendo hecho negocio, regresa a casa, donde quiera que ésta esté, y México se queda con áreas naturales devastadas, ecosistemas perdidos y vuelta a la miseria de los pobladores de esa zona. Los ejemplos abundan.
Si el caso es tomado por la Suprema Corte de Justicia, este órgano del Estado tendrá una responsabilidad en verdad seria en su resolución. Nos jugamos la viabilidad de nuestro único sistema de protección, federalmente regulado, de la biodiversidad de México. Afortunadamente, sé que hay sensibilidad en su seno al respecto de la trascendencia del asunto.
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