ELIZABETH CUEVAS VILLALOBOS La Jornada Morelos
CUERNAVACA. A pesar de que tienen facultades para determinar si nuevas construcciones cumplen o no los requisitos de ley, los tribunales de Justicia Administrativa en México están imposibilitados jurídicamente para sancionar a las autoridades que causan daños al medio ambiente.
Carlos Iván Arenas Ángeles, magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en Morelos, explicó que el trabajo de los organismos judiciales locales se constriñe a revisar el procedimiento que aplican las autoridades para otorgar un permiso de construcción, pero esto no incluye la elaboración de un estudio técnico científico que le permita aplicar sanciones para los responsables de ocasionar daños ecológicos.
“Los tribunales de lo contencioso administrativo, incluso los de amparo (en el ámbito) federal tenemos ciertas limitantes para conocer casos específicos, el tema del medio ambiente es uno de los que ha quedado de alguna manera sin la posibilidad de poderse pronunciar por parte de nosotros”.
El titular de la tercera sala del tribunal de justicia administrativa dijo que el sistema jurídico mexicano marca algunas limitantes en cuanto a las sanciones que deben aplicarse contra las autoridades locales que aprueben la edificación de nuevos conjuntos habitaciones o centros comerciales que causen graves daños a la ecología. Actualmente, los organismos judiciales locales no cuentan con bases jurídicas que les establezcan competencia para resolver de fondo los conflictos ambientales. Los países desarrollados muestran interés en el tema ambiental y han propuesto la creación de tribunales especializados en este rubro. Al respecto, invitó a los legisladores a prestar atención a este tipo de temas.
Arenas Ángeles insistió que la responsabilidad de cuidar la ecología de un lugar le corresponde al Ejecutivo federal y estatal, pero se han convertido en autoridades administrativas. Si bien éstas otorgan permisos con base a una legislación, dejan a un lado los daños que en su momento pudieran causar a la reserva ecológica.
“No basta hacer el pronunciamiento del respeto irrestricto en este aspecto, debe existir la creación de tribunales especializados que puedan llegar mas allá de verificar si el procedimiento estuvo apegado la legalidad o no”.
CUERNAVACA. A pesar de que tienen facultades para determinar si nuevas construcciones cumplen o no los requisitos de ley, los tribunales de Justicia Administrativa en México están imposibilitados jurídicamente para sancionar a las autoridades que causan daños al medio ambiente.
Carlos Iván Arenas Ángeles, magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en Morelos, explicó que el trabajo de los organismos judiciales locales se constriñe a revisar el procedimiento que aplican las autoridades para otorgar un permiso de construcción, pero esto no incluye la elaboración de un estudio técnico científico que le permita aplicar sanciones para los responsables de ocasionar daños ecológicos.
“Los tribunales de lo contencioso administrativo, incluso los de amparo (en el ámbito) federal tenemos ciertas limitantes para conocer casos específicos, el tema del medio ambiente es uno de los que ha quedado de alguna manera sin la posibilidad de poderse pronunciar por parte de nosotros”.
El titular de la tercera sala del tribunal de justicia administrativa dijo que el sistema jurídico mexicano marca algunas limitantes en cuanto a las sanciones que deben aplicarse contra las autoridades locales que aprueben la edificación de nuevos conjuntos habitaciones o centros comerciales que causen graves daños a la ecología. Actualmente, los organismos judiciales locales no cuentan con bases jurídicas que les establezcan competencia para resolver de fondo los conflictos ambientales. Los países desarrollados muestran interés en el tema ambiental y han propuesto la creación de tribunales especializados en este rubro. Al respecto, invitó a los legisladores a prestar atención a este tipo de temas.
Arenas Ángeles insistió que la responsabilidad de cuidar la ecología de un lugar le corresponde al Ejecutivo federal y estatal, pero se han convertido en autoridades administrativas. Si bien éstas otorgan permisos con base a una legislación, dejan a un lado los daños que en su momento pudieran causar a la reserva ecológica.
“No basta hacer el pronunciamiento del respeto irrestricto en este aspecto, debe existir la creación de tribunales especializados que puedan llegar mas allá de verificar si el procedimiento estuvo apegado la legalidad o no”.
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